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El gobierno español presenta recurso para bloquear la ruptura catalana

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Luego de que la Generalidad de Cataluña apobara el referéndum para votar por la independencia, el Tribunal Consitucional lo prohibió. Ahora, el gobierno apela, además, a más recursos legales

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El gobierno español presenta recurso para bloquear la ruptura catalana
Vie 08 de septiembre de 2017


El gobierno español anunció hoy la presentación de un recurso de inconstitucional contra la ley de “desconexión” aprobada por el parlamento catalán, con la que los independentistas pretenden regular la transición tras el referéndum unilateral del 1 de octubre, que ya fue prohibido por el Tribunal Constitucional.

“El Consejo de Ministros ha acordado interponer recurso de inconstitucionalidad ante la llamada ley de transitoriedad”, informó el vocero del gobierno español, Íñigo Méndez de Vigo, en conferencia de prensa desde el Palacio de La Moncloa de Madrid, sede del Ejecutivo central.

“En 24 horas se ha producido la anulación de la primera ley del referéndum ilegal. El gobierno continuará actuando con proporcionalidad, solidez y firmeza con el objetivo que no se celebre un referéndum que vulnera la convivencia en Cataluña”, añadió el funcionario español.

Al igual que ocurrió con la ley del referéndum, lo previsible es que el Tribunal Constitucional admita a trámite el recurso del gobierno del presidente conservador Mariano Rajoy y paralice también la segunda de las normas, que es la que regula los pasos que seguiría hipotéticamente Cataluña hasta tener una Constitución propia.

La mayoría independentista del Parlamento catalán aprobó la pasada madrugada la ley de Transitoriedad, siguiendo con el plan de secesión que lidera el presidente catalán, Carles Puigdemont, pese a que el Tribunal Constitución ya había suspendido la ley del referéndum y su convoca tiara por ilegales.

“El gobierno tiene la obligación de cumplir y hacer cumplir la ley”, insistió Méndez de Vigo, antes de subrayar que se “hará todo lo necesario” y “no se renunciará a nada” para impedir el referéndum del 1 de octubre porque “va en contra de la legalidad”.

Tras la suspensión del referéndum, el presidente catalán y los diputados que lo apoyan de la coalición Junts pel Si (JxS) y los anticapitalista de la CUP (Candidatura de Unidad Popular) remarcaran que seguirán adelante con sus planes tal como lo acordaron.

“No suspenderán la democracia en Cataluña, ni ningún consejo de ministros ni ningún tribunal desprestigiado”, avisó Puigdemont ayer en referencia al Tribunal Constitucional.

“Ante el tsunami de querellas habrá un tsunami de democracia”, advirtió el líder independentista, confiado en que habrá un gran movilización de ciudadanos en Cataluña que votarán el próximo 1 de octubre.

El presidente catalán avisó que ya hay 16.000 voluntarios inscritos para colaborar en la celebración del referéndum y 560 ayuntamientos manifestaron su disposición a apoyarlo.

Ante estas manifestaciones, Méndez de Vigo subrayó que “es importante que todos los ciudadanos sepan que el referéndum es ilegal”.

El mensaje, según indicó, es claro, tanto “para el que participe como para el que colabore” y “todo el mundo tiene que aceptar las consecuencias”.

En ese sentido, el responsable del gobierno expresó su confianza en que los alcaldes cumplirán con la ley y no permitirán que se abran los centros de votación el 1 de octubre.

De hecho, el delegado del gobierno central en Cataluña, Enric Millo, envió hoy una carta a los alcaldes catalanes en la que advierte que no solo no deben colaborar con el referéndum sino que deben impedirlo, según informó la agencia de noticias española EFE.

En paralelo con la acción del gobierno, la Fiscalía General del Estado había anunciado ya dos querellas criminales, que fueron presentadas hoy ante el Tribunal Superior Cataluña, una contra Puigdemont y su gobierno, y otra contra los miembros de la mesa del parlamento catalán, presidida por Carme Forcadell, por haber permitido el debate y votación de las leyes de secesión.

Los delitos que se le imputan son prevaricato, desobediencia y malversación, delito éste ultimo que conlleva penas de prisión.

Además, la Fiscalía dictó de oficio una orden a las fuerzas de seguridad, tanto Guardia Civil, Policía Nacional como Mossos d'Esquadra (policía autónoma catalana) para que intervengan en caso de que el referéndum se intente celebrar, requisando “los efectos del delito”, refiriéndose a las urnas, y señalando que la medida afecta instituciones y particulares.

En ese marco, la Guardia Civil española ingresó este mediodía en una imprenta de Constantí, en la provincia catalana de Tarragona, que estaba siendo custodiada y donde supuestamente se estaba imprimiendo documentación para el referéndum.

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